A partir del 1 de agosto de 2025, entrar entró en vigor nuevas disposiciones vinculadas a la gestión de la migración laboral en Malta, como parte de la actualización de la Política de Migración Laboral por parte del Gobierno. Las medidas afectan los procedimientos administrativos gestionados por Identità, la entidad responsable de los permisos de residencia y trabajo, e impactan directamente en la contratación de ciudadanos de terceros países (no comunitarios).

Entre los principales cambios figura la exigencia de publicar previamente las vacantes a un puesto de trabajo durante un mínimo de tres semanas antes de solicitar el permiso de trabajo. Se contemplan exenciones o requisitos reducidos para ciertos perfiles cualificados y sectores como salud, educación o tecnología.

También se actualizan los umbrales salariales para acceder a permisos especiales: los solicitantes bajo la Key Employment Initiative (KEI) deberán acreditar un salario mínimo bruto anual de 45.000 euros, y de 30.000 euros en el caso de la Specialist Employment Initiative (SEI).

Se introduce un período de gracia de 30 días —prorrogable por otros 30— para trabajadores extranjeros cuyos contratos hayan finalizado, así como la obligación de que los empleadores notifiquen contrataciones o despidos en un plazo de cuatro días laborables. Además, las empresas deberán cumplir con una cuota mínima del 2 % de empleo para personas con discapacidad si desean contratar nacionales de terceros países.

Otras medidas incluyen la limitación para solicitar permisos de trabajo desde Malta a quienes ingresen con visado de visitante, la obligatoriedad de completar un curso previo en línea sobre lengua y cultura maltesas, y la implementación, en octubre, de pagos salariales únicamente mediante entidades financieras autorizadas. También se habilitarán permisos provisionales para ciertos solicitantes exentos de visado y se ofrecerán medidas de protección específicas para víctimas reconocidas de trata de personas.

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